La medida se plasmó en la Resolución General 940/2022 publicada en el Boletín Oficial, y con ella la entidad busca "establecer una alternativa genuina de acceso al crédito para actividades y sujetos relativos a la economía socio-productiva, popular y/o social de impacto", de acuerdo con los considerandos de la norma.
"Se aprecia necesario promover e incentivar la participación de inversores con capacidad de canalizar sus fondos disponibles, favoreciendo el ahorro nacional y federal de un mayor número de beneficiarios de esos proyectos sociales", agregó.
En ese sentido, la CNV sostuvo que es "atendible y justificada" la "simplificación de los requisitos de acceso y permanencia de las emisoras que emitan valores negociables vinculados a la economía social", en tanto "se encuentren totalmente garantizadas por parte de Entidades de Garantía o agentes habilitados a tal fin, cuando cuenten, asimismo, con una evaluación de impacto social".
A través de la Resolución General 934 del 29 de junio de este año, la iniciativa fue sometida a una consulta pública durante 15 días y una vez superado ese plazo, se dispuso su incorporación a las "Normas" de la CNV, establecidas en 2013.
"El régimen surge del análisis de casos concretos que fueron analizados en el laboratorio CNV-PNUD y que permitió identificar las necesidades de financiamiento que presentan instituciones dedicadas a generar actividades con impacto social en poblaciones vulnerables, y las trabas que impedían sus posibles emisiones en el mercado de capitales", explicó por entonces la directora del organismo, Mónica Erpen.
La nueva normativa permitirá que entidades intermedias, como por ejemplo las dedicadas a las microfinanzas, accedan a la posibilidad de ingresar a la oferta pública y obtener recursos del mercado de capitales que tengan como destino final el financiamiento de pequeños emprendimientos con impacto social.
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