El Régimen, anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, la semana pasada, otorga libre disponibilidad del 20% de las divisas que ingresan al país por proyectos de inversión dirigidos a exportaciones, así como del 30% de las divisas fruto del incremento de las ventas al exterior, para destinar al pago de salarios.
Las medidas benefician a empresas que trabajan en los sectores de software, servicios profesionales, biotecnología, audiovisual, satelital y aeroespacial, videojuegos y nanotecnología, entre otros, con el propósito estimular la generación de divisas y el empleo calificado mediante inversiones directas en infraestructura, bienes de capital y capital de trabajo, destinadas a la puesta en marcha de nuevos proyectos o ampliación de otros que involucren el desarrollo de actividades del sector.
El Régimen comprende la excepción del requisito de liquidación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de un importe equivalente al 20% de las divisas que ingresen por concepto de inversión extranjera directa superior a US$ 3 millones.
Las empresas pueden adherir desde mañana al nuevo Régimen y hasta el 30 de junio de 2023 y cuentan con 24 meses para llevar a cabo las inversiones desde la aprobación del proyecto, prorrogables hasta por otros dos años.
El beneficio puede ser aplicado al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, de utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados, a la repatriación de divisas de no residentes o a las inversiones alcanzadas por el Régimen.
El segundo beneficio está dirigido a empresas inscriptas y aprobadas en el Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento (RPEC), para que puedan acceder a un monto de libre disponibilidad de dólares, equivalente al 30% de las divisas que ingresan por las exportaciones netas incrementales realizadas, para ser aplicadas al pago de las remuneraciones de personal en relación de dependencia.
De esta manera, se suma a los estímulos fiscales que ofrece la Ley de Economía del Conocimiento para las empresas inscriptas en el Régimen, que ya son más de 540 –de las que 327 son exportadoras–, las cuales acceden a un bono de crédito fiscal correspondiente al 70% de la reducción de las contribuciones patronales del personal dedicado a dichas actividades; y una reducción de impuesto a las ganancias de 60%, 40% y 20%, según el tamaño de la empresa.
El decreto también flexibiliza el uso del mencionado bono de crédito fiscal para las cargas patronales de las empresas inscriptas en el RPEC, cuyas exportaciones representen al menos el 70% de su facturación anual, para que puedan transferirlo por única vez, con lo que se genera un mayor incentivo para el crecimiento de las firmas que prestan servicios al exterior.
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