El blockchain, cuya aplicación va más allá de las criptomonedas, es un sistema de almacenamiento y generación de datos que se caracteriza por su seguridad, velocidad y por la forma en que se dispone la información, en forma de cadenas de bloques cifrados que se encuentran de forma descentralizada, es decir, sin intermediarios.
Cada una de las transacciones y modificaciones deberá ser validada por la red de nodos de la cadena.
Según señalan los considerandos de la resolución, “las tecnologías de registro distribuido se han posicionado como una alternativa tecnológica para fomentar la transparencia de los procesos públicos y la apertura de información a la ciudadanía”.
En ese marco, el blockchain permitiría “optimizar los procesos del sector público” reduciendo los costos, así como la “trazabilidad, transparencia y eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía” ya que las transacciones contarían con mayores niveles de seguridad.
El Comité Nacional de Blockchain estará presidido por la secretaría de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, quién a su vez, articulará la convocatoria a aquellos organismos del Estado que puedan contribuir al desarrollo de políticas públicas y soluciones tecnológicas basadas en blockchain, funcionando como interlocutor con el ecosistema local de esta tecnología y potenciando el surgimiento de emprendimientos y experiencias piloto.
La resolución de hoy también aprueba el Lineamiento Nacional sobre Blockchain, documento que explica los fundamentos de la adopción de esta tecnología así como posibles aplicaciones.
El mismo identifica dos usos inmediatos en el Estado: la auditoría y la certificación.
En el primer caso, la implementación del blockchain facilitaría el acceso por parte de los ciudadanos al grueso de transacciones del Estado, incluyendo licitaciones, compras, subvenciones, certificaciones y adjudicaciones, facilitando la trazabilidad y la transparencia, permitiendo incluso el acceso en tiempo real sin necesidad de esperar a que los datos sean subidos por parte de la administración pública.
En el segundo –señala el documento- el uso del blockchain permitiría evitar la falsificación y el fraude en los diferentes documentos y títulos otorgados por la Administración Pública, como es el caso del propio Documento Nacional de Identidad o el pasaporte.
En ese sentido, el Comité analizará las posibles ventajas de desarrollar una blockchain administrada por el Estado y basada en la identificación de las personas.
Entre otros casos de uso reseñados se encuentra la notarización mediante el sello y registro, prescindiendo del papel y acortando, por ejemplo, los tipos de espera en la emisión de títulos.
“Las aplicaciones de registros, el almacenamiento de datos, así como también la conciliación de transacciones serán áreas (en el sector público) en las que la tecnología blockchain puede desarrollarse brindando mayor seguridad, transparencia y trazabilidad a las operaciones”, agrega la hoja de ruta.
El documento, asimismo, llama a que el Estado defina estándares comunes y una regulación “simple y clara” para “aumentar las inversiones y garantizar la protección de los consumidores”.
Asimismo, destaca que los emprendimientos y proyectos de blockchain y tecnologías vinculadas desarrollados en Argentina “ya han logrado inversiones superiores a los US$3 millones y es esperable que esa cifra se multiplique por diez antes de 2030”.
El mes pasado, en una reunión con líderes de las principales empresas cripto y firmas tecnológicas, el ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que "las blockchain sirven al proceso de modernización del Estado", y que resulta necesario que "el Estado haga posible el trabajo en esta materia para posicionar a la Argentina como uno de los líderes a escala global".
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