Las transferencias de recursos desde la Nación hacia las provincias volvieron a retroceder en marzo y profundizan el impacto sobre las finanzas de Santiago del Estero, donde la caída interanual fue del 3,9% en términos reales.
El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dirigido por el economista Hernán Letcher, que advierte sobre una tendencia sostenida de deterioro en los ingresos provinciales en un contexto de menor actividad económica.
A nivel general, los Recursos de Origen Nacional (RON) registraron en marzo una baja del 3,8% interanual real, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos cayó un 7%. En el acumulado del primer trimestre, la caída promedio fue de -6,1% en RON y -8,0% en coparticipación.
Este escenario impacta directamente en las cuentas provinciales, ya que la menor recaudación nacional reduce los fondos que se distribuyen automáticamente a las jurisdicciones, afectando la capacidad de financiamiento del gasto público.
En paralelo, la caída de la actividad económica también se traduce en menores recursos propios para las provincias. Según el informe, los Recursos de Origen Provincial (ROP) acumulan una caída real promedio del 7,3% en los últimos dos años, mientras que en enero de 2026 registraron una baja interanual del 3,5%.
Letcher explicó que “la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias”, lo que genera tensiones en las economías regionales.
En este contexto, advirtió que el deterioro de los ingresos comienza a trasladarse al plano social y laboral: “Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos”.
El economista también señaló que, frente a esta situación, el Gobierno nacional recurre a mecanismos como los adelantos de coparticipación, que permiten sostener el corto plazo pero implican compromisos a futuro: “proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad”.
A nivel nacional, al menos 92 conflictos laborales de trabajadores estatales se registraron desde comienzos de 2026, de los cuales el 80,4% continúan activos, reflejando el impacto de la caída del poder adquisitivo y la presión sobre las negociaciones salariales.
En este escenario, la caída de recursos se consolida como una de las principales variables de riesgo para las provincias, entre ellas Santiago del Estero, que enfrenta un contexto de menor disponibilidad de fondos y mayores tensiones fiscales.
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