La Legislatura de Santiago del Estero adhirió formalmente al decreto del Poder Ejecutivo que establece medidas de control del gasto público por el término de un año, en línea con el actual escenario macroeconómico y las restricciones financieras que enfrentan las provincias.
A través de una resolución firmada por el presidente del cuerpo, Carlos Silva Neder, el Poder Legislativo acompañó el Decreto N° 3.295 emitido por el Ejecutivo provincial, que apunta a ordenar y priorizar el uso de los recursos públicos en un contexto económico adverso.
En el texto de la resolución, se fundamenta la decisión al señalar que “de acuerdo con el instrumento enunciado, las condiciones macroeconómicas vigentes y las políticas económicas en curso a nivel nacional configuran nuevamente un escenario restrictivo, con efectos directos sobre la actividad productiva y la capacidad real de financiamiento de las jurisdicciones provinciales”.
Asimismo, el documento remarca que “la norma citada invita a la adhesión a lo dispuesto, por lo que resulta necesario prever la adopción en este Poder Legislativo de medidas de aplicación excepcional y de resultados inmediatos”, habilitando así acciones concretas orientadas a una administración más eficiente del gasto.
Desde una perspectiva presupuestaria, la resolución subraya que “esta medida tiene como objetivo garantizar que esos recursos se distribuyan de manera equitativa, buscando preservar y fortalecer aquellos programas que más impacto positivo tengan en el normal funcionamiento de esta Cámara de Diputados”.
Finalmente, el texto resolutivo establece que “el Poder Legislativo adhiere al Decreto N° 3295 de fecha 16 de Diciembre de 2025 emitido por el Poder Ejecutivo, mediante la cual se establecen Medidas de Control del Gasto Público, por el término de 12 meses a partir del 10 de Diciembre del año 2025”.
Con esta decisión, la Legislatura provincial se alinea con la estrategia fiscal del Ejecutivo, en un escenario marcado por la necesidad de sostener el equilibrio de las cuentas públicas y garantizar la continuidad de las funciones esenciales del Estado.
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